Consejo para la Transparencia ordena revelar información clave sobre contaminación minera en Aysén

La comunidad presiona a la Delegación Presidencial para que actúe con prontitud.

La polémica por la contaminación minera en Alto Mañihuales, en la Región de Aysén, escaló a un nivel legal tras la reciente resolución del Consejo para la Transparencia (CPLT), que ordenó entregar antecedentes a la Delegación Presidencial Regional (DPR).

La decisión del CPLT, emitida el 18 de noviembre, responde a un amparo presentado por la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa), que tiene por objetivo desmentir las declaraciones del delegado presidencial regional, Jorge Díaz Guzmán, quien había asegurado públicamente que el problema de contaminación era un asunto "reflotado de algo que ocurrió el año 2015" y que su inacción se sustentaba en una "minuta científica" a la cual podía acceder "toda la opinión pública".

Así lo explicó el presidente de Codesa, Erwin Sandoval, detallando que de acuerdo a los documentos a los que han podido acceder, las afirmaciones de la autoridad no serían precisas. 

“Al contrario de lo sostenido públicamente por la autoridad, en este caso no sólo existe evidencias que se remontan al año 2015, sino que hay un informe del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) que da cuenta de muerte de equinos, durante el año 2021, intoxicados por metales pesados, además de relatos y denuncias de vecinos del sector por fallecimiento de una decena de vacunos durante 2024", informó.

“Así, siendo evidente la falsa información entregada por el delegado, que no hace sino bajar el perfil a la crisis de derechos humanos que se vive en Alto Mañihuales, solicitamos por Ley de Transparencia acceso a la documentación en la cual sustentó sus palabras", agregó.

Frente al requerimiento de información, desde la Delegación Presidencial Regional (DPR) señalaron que la “minuta” a que hizo referencia Díaz Guzmán había sido elaborada por el Servicio Agrícola Ganadero y la seremi de Minería, por lo cual derivó la consulta a dichos organismos, sin hacer entrega de la información solicitada. 

Sin embargo, el documento que justificaría la inexistencia de antecedentes de contaminación posteriores al año 2015 nunca llegó, según informaron desde la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén.

La Delegación Presidencial Regional tiene plazo hasta este jueves 27 de noviembre para dar cumplimiento a la resolución del Consejo. 

Esta presión formal intensifica la molestia y la exigencia de la comunidad para que el gobierno aborde con seriedad el caso, que hoy involucra a la compañía Minera Pacífico del Sur SpA.