Tercer aniversario de la Ley Marco de Cambio Climático: un panorama comunal incierto y complejo

El encargado de Investigación, Campañas e Incidencia (ICI) de Fundación Uno Punto Cinco, Gustavo Orrego Méndez, realiza una reflexión crítica a tres años de la entrada en vigencia de la norma.

Hoy, hace tres años, salió finalmente a la luz la esperada Ley Marco de Cambio Climático con la promesa de que a junio de 2025, todas las comunas del país contarían con su Plan de Acción Comunal de Cambio Climático (Paccc). 

Este instrumento aspiraba a revolucionar la acción climática local, incorporando la participación ciudadana en su diseño y estableciendo una visión climática compartida, junto a medidas e indicadores para verificar la adaptación y mitigación a nivel de cada territorio del país.

 Sin embargo, la realidad está muy lejos de esas expectativas. Apenas el 6% de los municipios ha publicado su plan. Dicho de otro modo, son 323 los municipios (94%) que aún no cumplen con su compromiso de planificación. 

¿Qué implica este elevado incumplimiento? 

Según la ley, ante el caso de que un municipio no haya elaborado el Paccc debería sancionarse con una multa correspondiente a una remuneración mensual del respectivo alcalde/sa. En teoría, más de 300 autoridades comunales estarían sujetos/as a esa medida.

 Y, por si fuera poco, Contraloría en el dictamen del 06 de mayo de 2025 ha indicado que existe un vacío legal respecto a qué institución debe aplicar esta sanción. 

Si ya de por sí, una multa de un mes de sueldo es un incentivo insuficiente, sin una autoridad definida que imponga esta sanción, la Lmcc se convierte en un león sin dientes.

Las causas de este retraso son múltiples y aún sujeto de análisis. Las capacidades técnicas municipales aún deben reforzarse, la ley no entrega recursos económicos para la generación y/o implementación de estos instrumentos de gestión, la voluntad política no ha priorizado con urgencia la planificación climática y persiste una desconexión entre gobiernos a nivel central, regional y comunal. 

Frente a esta situación, no queda más que impulsar un llamado transversal para acelerar la acción climática comunal. El Estado y los gobiernos regionales deben entregar aún más apoyo técnico y financiamiento, a través de fondos concursables, cooperación y alianzas público-privadas; y el poder legislativo debe corregir de inmediato el vacío legal para que exista una institución responsable de sancionar el incumplimiento. 

Esto permitiría a los municipios, sobre todo aquellos más vulnerables, acelerar la elaboración de sus planes, involucrando a equipos técnicos y recurriendo a asesorías especializadas. En esto la ciudadanía tiene un rol activo al aportar en la formulación, vigilar avances y generar presión constructiva. 

La Lmcc nos deja un gran aprendizaje donde una ley sin la entrega de recursos para su implementación, se convierte en tan solo promesas difíciles de cumplir, aún más para aquellas comunas más vulnerables y con escasos recursos.

Solo si estas líneas de acción avanzan de forma coordinada podremos evitar que las comunas sufran los impactos de una planificación climática atrasada. No esperemos que el reloj climático llegue a la medianoche.