Un caballo, una ley, ninguna pregunta: la controversia del sacrificio animal en Chile

La abogada, magister en Derecho Ambiental y Filosofía, con especialización en Bioética Animal, Sandra Cáceres, aborda las leyes actuales y los aspectos que se deben trabajar.

En un Establo chileno un caballo joven permanece quieto, ajeno a los preparativos para su muerte. Una cámara capta sus últimos momentos mientras funcionarios del Estado se preparan para cumplir el protocolo sanitario. 

Lo que ocurre en esas cuadras no es sólo un procedimiento técnico o administrativo, es una escena que expone la fragilidad de la vida animal, el poder del Estado y el creciente cuestionamiento social a prácticas que se encuentran fuera del debate democrático.

Es rutinario en el Chile rural. Un caballo es diagnosticado con una enfermedad infectocontagiosa y en un plazo de 48 horas su vida se reduce a una cifra estadística. La sentencia es clara y expedita. Su diagnóstico de Anemia Infecciosa Equina (AIE) exige la aplicación del protocolo y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) lo ejecuta. En esta ocasión el dueño ha grabado el sacrificio y lo comparte en redes. 

El video causa un impacto cruel, obsceno y conmovedor revelando una controversia postergada: ¿Puede la Salud Pública justificar la muerte inmediata de un animal, (causarle dolor), sin espacio para una reflexión ética, sin participación de su cuidador o sin búsqueda de alternativas?

¿Sacrificio humanitario? 

El concepto técnico utilizado es “sacrificio humanitario”: una intervención que busca minimizar el sufrimiento animal, bajo parámetros veterinarios y éticos. Sin embargo, en la práctica este concepto es un oxímoron . 

Muchos lo perciben como un eufemismo que disimula una medida inflexible, ejecutada con premura y sin tiempo de deliberación. En este caso no se trató de una eutanasia por sufrimiento irremediable. 

Fue una muerte profiláctica, dictada no por el dolor del animal, sino, por el riesgo epidemiológico que representa. Y es justamente ahí donde la noción de “humanitario” exige una revisión profunda y un examen riguroso en cada caso.

La amenaza invisible y el temor como política pública

La AIE es una enfermedad viral contagiosa que no afecta a humanos, sólo a equinos : caballos, mulas, burdéganos. Su transmisión se produce principalmente por vectores como tábanos, instrumentos contaminados o agujas reutilizadas.

Fue detectada en Chile en los años 70, causada por un retrovirus similar al VIH. En muchos casos es crónica y asintomática. Desde 2012 el SAG exige un test serológico (de Coggins) para movimiento de equinos. Si el resultado es positivo, la norma es clara: sacrificio inmediato. 

La enfermedad está categorizada de notificación obligatoria (D.389 exenta) lo que activa protocolos estrictos y una condena sin excepciones, ni medidas alternativas. Lo cierto es que no existe una norma que obligue al Estado a ofrecer opciones éticas intermedias. 

Nuestra legislación no contempla otras vías posibles, como el aislamiento vitalicio en recintos especializados, refugios animales, cuarentenas controladas u otras. No toda amenaza exige una medida irreversible. El principio de proporcionalidad básico en derecho y ética, parece ausente.

Una ética en edificación 

En bioética animal, disciplina en desarrollo en Chile, la proporcionalidad es un principio que exige que toda intervención tenga una justificación razonada entre los riesgos y los daños provocados. 

¿Por qué entonces se recurre al desenlace más extremo? 

Un protocolo legalmente correcto socialmente fallido 

Lo ocurrido en el Bio bio es desde una perspectiva técnica, un acto legal. Desde el punto de vista social, ético y político, un fracaso.

Los protocolos del SAG se rigen por normativas internacionales de la OIE y en su declaración pública ha asegurado que se actuó con los estándares de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) En la ejecución de un protocolo rígido, como éste, no hay segunda opinión veterinaria, no hay evaluación del estado clínico del animal, no existe una revisión de las condiciones ambientales. 

El procedimiento y sacrificio es ejecutado sin la intervención de un comité ético, sin deliberación, ni transparencia pública. Mucho menos se considera el vínculo afectivo con su cuidador y familia.

El caballo aún vivaz, es considerado un riesgo por sí mismo. No se trata de un caso de eutanasia por sufrimiento, sino un sacrificio profiláctico ejecutado por una razón sanitaria externa y es en esos casos donde el término humanitario debe examinarse con mayor rigor. Y en un país con avances como los nuestros es una contradicción inaceptable. ¿Está la vida y el dolor de un animal absolutamente subordinado al interés epidemiológico?

Cuando matar no es sólo un hecho técnico 

La bioética nos exige algo más que cumplir un reglamento, nos pide también, rendir cuentas por los medios que utilizamos para proteger el bien común. El sacrificio de animales no puede naturalizarse como un acto automático o burocrático.

El principio de No Maleficencia nos obliga que cualquier intervención letal sea el último recurso siempre bajo una justificación clara, documentada y comunicada. No es un “sentimentalismo” animalista, sino una ética del cuidado: un modo de decidir que reconoce que la vida animal tiene un valor , más allá de su utilidad.

Un marco legal fragmentado y una oportunidad de corregir

Chile ha dado pasos notorios en la protección legal de los animales, con las leyes 21.020 y la ley 20.380 que les reconoce la calidad de seres que sienten. Sin embargo, no contamos con un marco legal coherente e integrado, que regule zonas grises donde conviven ciencia, salud pública, bioética animal y la sensibilidad moral.

En esa falta de estructura y vacío se cuelan decisiones unilaterales, que afectan no sólo a los animales, sino también a sus cuidadores y a la confianza ciudadana en las instituciones.

Reconocer que no basta con tener protocolos técnicos. No estamos frente a un simple caso sanitario, sino ante una decisión que el país debe enfrentar con madurez política y una legislación del siglo XXI. 

Debemos incorporar la bioética en la formación funcionaria de quienes ejecutan estas acciones, considerar medidas alternativas para animales diagnosticados con enfermedades no transmisibles a humanos, crear las instancias que permitan la revisión de estos protocolos y el debido proceso dando acceso a sus dueños y cuidadores . 

Es fundamental la participación de las familias afectadas. Desde nuestro Instituto Animal estamos desarrollando un protocolo de convivencia para articular la interdisciplina y propuestas de políticas públicas. No se busca obstaculizar el control zoonótico, sino, humanizarlo, darle mayor transparencia, hacerlo más participativo y legalmente robusto.

Un juicio que apenas comienza 

El caballo ya no está, su cuerpo fue retirado, su ficha cerrada y su caso archivado. Pero su muerte más que un registro sanitario es el reflejo de nuestras decisiones, una imagen que la mayoría pareciera no querer volver a ver.

Tenemos una oportunidad y la urgencia de decidir una gobernanza en relación con los animales, de replantear nuestras políticas públicas desde una visión ética, científica y legal. Más allá de una simple y subjetiva empatía, pensar en considerar una compasión “racional”, una ciudadanía virtuosa y más reflexiva.