Combustibles, el Mepco y las regiones

El alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate Silva, aborda en está columna la brecha territorial y el futuro transporte eléctrico para la ciudad.

En el contexto de la guerra en Medio Oriente y de las restricciones fiscales que enfrenta el país, la discusión sobre el gasto público y la responsabilidad fiscal es compleja, pero necesaria. 

Sin embargo, más allá de las medidas paliativas anunciadas en torno al alza de los combustibles y al Mepco, hay un punto crítico que no ha sido abordado: los efectos de estas decisiones no serán iguales a lo largo del país.

La medida impactará con más fuerza a las regiones, particularmente en transporte: donde ya se paga más por litro, existe mayor dependencia del vehículo y hay menos, o derechamente nulas, alternativas de transporte público subsidiado. En simple, el costo del ajuste fiscal no se distribuirá por igual.

Los datos lo reflejan con claridad. Mientras en la Región Metropolitana la tarifa del transporte público regulado se mantendrá congelada, en la Región de Los Lagos trayectos no regulados como Puerto Varas–Puerto Montt registrarán alzas cercanas al 20%. En otros casos, como Ensenada–Puerto Varas, el aumento alcanzará un 42%, y rutas como Fresia–Puerto Montt verán incrementos de hasta $500 por pasaje.

Esto responde a una realidad estructural: en gran parte de las regiones, el transporte intercomunal no está regulado, operando bajo esquemas privados, atomizados y sin un subsidio equivalente. Por ello, las medidas paliativas, diseñadas para sistemas regulados, tendrán un alcance limitado, dejando fuera a miles de personas que dependen de estos servicios para llegar día a día a sus trabajos.

Por eso, esto es mucho más complejo que un ajuste técnico. Es una discusión sobre quién absorbe el costo del ajuste y bajo qué condiciones. Y hoy, ese costo recaerá con mayor fuerza no sólo en la población más vulnerable, sino también en quienes viven en regiones.

Como país no podemos seguir adoptando decisiones que, si bien apuntan a disminuir el gasto público, profundizan brechas territoriales evidentes. Desde los municipios, aunque no definamos estos instrumentos, tenemos el deber de exponer esta realidad con claridad: no es lo mismo vivir en Santiago que en regiones, y las políticas públicas deben abordar esa diferencia.

Bajo esa mirada, desde Puerto Varas estamos avanzando hacia un sistema de transporte público eléctrico para la ciudad, en conjunto con el Ministerio de Transportes y el Gobierno Regional. Es un paso concreto para reducir la dependencia del combustible y aliviar el gasto de las familias.

Pero el desafío mayor sigue siendo la precariedad del transporte público intercomunal, que hoy sigue siendo tierra de nadie. Y ahí, nuestro país aún tiene una deuda pendiente con las regiones, deuda que esta crisis acrecentará en caso que no se tomen las medidas necesarias.