La decisión política del Gobierno de no firmar Escazú

Las directoras Valentina Durán y Andrea Sanhueza, junto a la investigadora Violeta Rabi de Espacio Público; analizan para Diario Sostenible.cl las implicancias que tendrá para nuestro país, el no firmar el Acuerdo de Escazú.

El pasado 26 de septiembre se cerró el plazo de dos años para que los países de Latinoamérica y el Caribe firmasen el Acuerdo de Escazú. Chile, en un episodio vergonzoso para su política exterior, es parte de un puñado de países que desistieron de integrar este importante acuerdo, junto a Cuba, Venezuela, Honduras y El Salvador.

En uno de los pasajes más erráticos de las relaciones internacionales chilenas, a lo largo de estos dos años, el gobierno transitó desde el apoyo al Acuerdo -en donde el propio Presidente en julio de 2018 instaba a los países de la región a que lo firmaran-, hasta la actual negativa aduciendo su inconveniencia para el país. 

La falta de calidad de los argumentos entregados por el Ejecutivo, con un informe que ha sido altamente cuestionado por las expertas y expertos, muestra que la decisión de no firmar, más que basarse en argumentos técnicos, obedece a una decisión eminentemente política, demostrando que el fortalecimiento de la democracia ambiental no es parte de la agenda del gobierno.

A lo anterior se suma el hecho de que la actual administración no ha sido proactiva en fortalecer aspectos claves que han sido relevados hace ya varios años por organismos internacionales, tales como OCDE, quien el 2016 alertó sobre las brechas que aún tenemos en el acceso a la información, participación y justicia ambiental, formulando recomendaciones de modificaciones sustantivas a nuestros instrumentos de gestión como, por ejemplo, ampliando los procesos de participación ciudadana a cualquier proyecto que ingrese al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, incluyendo las Declaraciones (DIA). Lo anterior, permitiría corregir una restricción normativa al derecho de participación que en la actualidad es origen de una alta conflictividad socioambiental en el país. Y aunque esta reforma estuvo en carpeta, en la práctica, el gobierno no la ha empujado.

El principio 10 de la Declaración de Río 1992 establece que la mejor manera de tomar decisiones en materia ambiental es con la participación de todas las partes interesadas. Escazú es una herramienta sólida para concretar este principio como una garantía para la ciudadanía.

Esperemos que prontamente Chile enmiende el rumbo y podamos integrarnos a este acuerdo, pues aunque el plazo inicial se acabó, los países de la región siempre pueden adherir, recuperando el tiempo perdido y alineándose a un modelo que pone en el centro a las personas y la base ecológica que sustenta el desarrollo sustentable.

Autoras: 

Valentina Durán, Violeta Rabi y Andrea Sanhueza

Espacio Público