Democraticemos la conservación de nuestra patagonia

El fundador y gerente general de The Real Eco State, Felipe Escalona, aborda la importancia de proteger el sur de Chile a través de métodos como el Derecho Real de Conservación.

Si no son las olas de calor e incendios devastadores, son las inundaciones y un saldo igualmente trágico en víctimas y pérdidas materiales. 

En estos días hemos visto cómo California ha sido sacudida una vez más por los efectos del cambio climático, con lluvias torrenciales que -lejos de aliviar la sequía que padece- ha provocado una catástrofe al no poder soportar una enorme cantidad de agua caída en tan poco tiempo. 

Un cambio climático que se ha convertido en la mayor amenaza que enfrenta la humanidad, cuyos efectos solo pueden ser mitigados con acciones colectivas a nivel mundial. 

Entre ellas, la conservación de amplias superficies de bosques y espacios naturales prístinos como los que se encuentran en la Patagonia chilena, cuya vegetación nativa es capaz de capturar, en promedio, más de 110 toneladas de carbono por hectárea.  

La Patagonia es uno de los grandes tesoros naturales que tiene Chile. Una enorme extensión de tierra de una belleza inigualable, cuya geografía imposible se encarga de reducir la presencia humana al mínimo y, por tanto, también las posibilidades de urbanización. 

Ello permite que su mitigación al calentamiento global sea cada vez más importante, en la medida que otros pulmones del planeta, como el Amazonas, son víctimas de una deforestación que se prolonga ya por décadas.  

Pero ni siquiera su difícil accesibilidad es una garantía de que este valioso patrimonio natural permanezca así en el tiempo, sobre todo si solo un poco más de la mitad está protegida legalmente, quedando el resto en manos de privados. 

Más aún, los mayores esfuerzos de conservación en nuestro país provienen de grandes magnates, quienes invierten en enormes extensiones de terrenos con la promesa de conservarlos, pero no siempre mediante formas exigibles. 

Por eso, tan importante como enseñar a las nuevas generaciones la importancia de cuidar estos recursos finitos, es la necesidad de democratizar el proceso de conservación en nuestro país para que muchos más chilenos sientan que tienen la posibilidad de contribuir con acciones concretas a ese propósito. 

Ojalá que por cada Douglas Tompkins tuviésemos miles de chilenos anónimos, miles de “mini Tompkins”, sumándose al esfuerzo de conservar nuestro sur. 

Eso es precisamente lo que busca un instrumento muy poco conocido y revolucionario en nuestro ordenamiento jurídico: el Derecho Real de Conservación (DRC), creado por la Ley Nº 20.930. 

En simple, es un instrumento legal que permite ejercer regulaciones directas y vinculantes sobre activos ambientales, atributos o funciones del patrimonio ambiental de un predio determinado. 

Así, por ejemplo, mediante este sistema puede limitarse al propietario de un terreno para que no pueda subdividir el predio o cercarlo interrumpiendo corredores biológicos, modificar sus cauces de agua o alterar de cualquier forma los ecosistemas contenidos en él, asegurando así las menores externalidades negativas en el medio ambiente producto de la acción humana, la que -a su vez- no queda desvinculada y ajena al vínculo con la naturaleza. 

Se consagra la propiedad del dueño sobre el terreno, pero con un esfuerzo educativo y, lo más importante, un modelo que permite la conservación de la naturaleza en el tiempo, con beneficios no solo para ese entorno en particular, sino también para el planeta. 

Quien compra un terreno bajo esas condiciones, en la práctica lo que está haciendo es crear un mini parque Pumalín o un mini parque Tantauco; es decir, un Parque Privado de Conservación.

Es un modelo de negocios que como The Real Eco State hemos desarrollado en 11 proyectos y que se ha ido ajustando a medida que los compradores van apostando por profundizar los esfuerzos de conservación. 

Es que, mientras en los primeros proyectos la conservación se planificaba a un periodo de cinco años renovables, hoy los terrenos que se venden implican la obligación de conservarlos a perpetuidad. 

Es decir, quien compra se compromete a respetar las normas de conservación en ese terreno para siempre, pero sin renunciar a la propiedad y a la plusvalía que esa inversión le entrega a su propietario o los futuros réditos que pueda generarle el transar esos activos ambientales, como el secuestro de carbono del bosque, por ejemplo.

Es genial que quienes tengan grandes fortunas se interesen por destinar parte de su patrimonio a preservar nuestra Patagonia. Pero esa responsabilidad no puede quedar radicada solo en ellos. 

Las inundaciones en California, los mega incendios en Australia, las olas de calor en Europa o la sequía que Chile enfrenta desde hace 15 años, nos obligan a sumar la mayor cantidad de voluntades en pos de la conservación. 

Todos estamos llamados a hacer una contribución efectiva. Gracias a instrumentos como el DRC todos podemos ser unos “mini Tompkins” que, a una escala más reducida y con menores recursos, nos hagamos parte del esfuerzo por proteger uno de los últimos espacios verdaderamente vírgenes que van quedando en nuestro castigado planeta.