Ya es ley: Senado aprueba proyecto de Biocombustibles Sólidos

La iniciativa orientada a reducir la contaminación en la zona sur del país, ahora será despachada para concretarse como norma.

El Senado dio luz verde al proyecto de Biocombustibles Sólidos, apoyado por el Ministerio de Energía e iniciado como moción parlamentaria y donde participaron diversos actores relevantes que trabajaron para establecer un marco regulatorio para el mercado de la leña y otros biocombustibles.  

La iniciativa, tiene como objetivo definir estándares de calidad para los Biocombustibles Sólidos (BCS) que se comercializan en la zona centro y sur de Chile y así contribuir a mejorar las condiciones del aire, resguardar la seguridad y la salud de las personas en las zonas donde se usa este tipo de combustible. 

La nueva norma también propone avanzar en un mercado formal y transparente que permitirá generar empleos y mejorar la competitividad de las empresas del sector, según lo informado por el Ministerio de Energía.

El ministro de Energía, Diego Pardow, celebró el triunfo de la propuesta legislativa en la Cámara del Senado.

“Quiero destacar el trabajo colaborativo que hemos hecho con el Poder Legislativo, en particular con la Cámara de Diputados. Este es un proyecto que empezó por moción de los diputados que nos acompañen.  Este es un paso muy importante para empezar a transitar hacia lo que se llama nuestra transición ecológica”, dijo el secretario de Estado. 

La nueva ley cobra especial relevancia en la zona sur de Chile, donde un 72% de las viviendas entre Rancagua y Aysén usan leña, con especial fuerza en las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Aysén, de acuerdo a lo señalado por la entidad.

El jefe de la cartera de Energía, repasó la significancia que tendrá este proyecto de Ley para el progreso de una industria de los biocombustibles e hizo un llamado a los usuarios.

 “Sé que para la gente cuesta entender que el tránsito desde la leña húmeda a la leña seca sea tan importante, pero efectivamente es solo un 5% menos de humedad, pero que supone un 80% de reducción en el material particulado”, agregó Pardow quien espera que la iniciativa tenga una pronta salida del Senado para que se convierta en ley.  

El diputado Marcos Ilabaca (PS), uno de los impulsores de la iniciativa en el Congreso, señaló en la sesión que “hoy día presentamos un proyecto importante y hoy día podemos decir al sur de Chile que vamos a defender la leña. Hoy día tenemos que complementar el correcto uso de la leña como biocombustible y el cuidado al medio ambiente”. 

Por su parte el parlamentario Harry Jürguensen, quien también promovió la propuesta, celebró su aprobación. 

“Este gobierno y también el anterior hicieron sintonía con lo que está ocurriendo en el mundo, que se masifica el uso de biomasa como combustible, pero por supuesto requiere regulación, y eso es lo que logra este proyecto: regular los biocombustibles y declarar a la leña como un combustible sólido”, sentenció el diputado por el distrito 25 de la Región de Los Lagos.  

Sobre la norma 

Según especifica el ministerio, la nueva norma define especificaciones técnicas mínimas de calidad para la comercialización de los BCS y se crearán registros obligatorios para los productores y comercializadores de este tipo de combustibles. 

Esto último obligará a los productores de leña a contar con un sello de calidad para verificar que los productos comercializados estén certificados bajo la nueva normativa.  

La iniciativa legislativa convertida en ley, prohíbe la comercialización de BCS que no provengan de un centro procesamiento de biomasa certificado o de un comercializador inscrito en los debidos registros y entrega la responsabilidad de fiscalización de la producción de este insumo a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Así también, la ley contempla elaborar un Plan Nacional para la Modernización del Mercado de los Biocombustibles Sólidos, iniciativa que será impulsada por el Ministerio de Energía en colaboración con el Ministerio de Agricultura, las instituciones y organismos que tengan competencia normativa de fiscalización o ejecución.